Los trabajadores del sector de la seguridad privada han dicho basta. Cansados de esperar para obtener unas mejoras laborales que consideran fundamentales, han decidido iniciar una campaña de movilizaciones de ámbito estatal a la que, sólo en la provincia de Alicante, están llamados 2.400 vigilantes (100.000 en todo el país).
La medida de presión se produce tras la ruptura de las negociaciones del convenio de la seguridad privada, según explicaron ayer en Alicante representantes de los sindicatos CCOO, UGT y USO. Como primera iniciativa, la plataforma ha acordado celebrar concentraciones en toda España el próximo día 24. En el caso de la capital alicantina, el acto se ha programado, a partir de las 18 horas, en las escalinatas del instituto Jorge Juan.
«La patronal no está actuando de buena fe. No negocia, bloquea la negociación y judicializa el proceso», expuso Alejandro Gastón, miembro de la mesa negociadora. Los vigilantes de seguridad denuncian que las empresas quieren regresar a los salarios del año 2004, a pesar de que los ingresos «superaron los 3.500 millones de euros en el 2007».
Los promotores de las protestas reclaman dignidad laboral y recuperar «el poder adquisitivo perdido en los últimos veinte años, entre un 17% y un 19%». Añaden que su sueldo bruto escasamente rebasa los mil euros, por lo que dependen de unas horas extraordinarias cuyo precio, fijado ahora en poco más de 7 euros, está recurrido también en los juzgados, lo que bloquea millones de euros que deberían cobrar los trabajadores, según exponen los sindicatos.
Los empleados exigen que el plus de peligrosidad sea del mismo importe para todos, una reducción de la jornada, compensaciones por la «penosidad» de la profesión (nocturnidad, festividad y turnicidad), creación de nuevas categorías y mejorar el concepto salarial de la radioscopia. Además, reclaman que los pluses de transporte y vestuario se engloben como conceptos salariales y que los sueldos se acomoden al IPC real, más 60 euros por año de vigencia del convenio «para no perder poder adquisitivo».
Los sindicatos critican que la Administración pública, el principal cliente de la seguridad privada, no se preocupe, a su entender, de que se haga cumplir la legalidad.
La medida de presión se produce tras la ruptura de las negociaciones del convenio de la seguridad privada, según explicaron ayer en Alicante representantes de los sindicatos CCOO, UGT y USO. Como primera iniciativa, la plataforma ha acordado celebrar concentraciones en toda España el próximo día 24. En el caso de la capital alicantina, el acto se ha programado, a partir de las 18 horas, en las escalinatas del instituto Jorge Juan.
«La patronal no está actuando de buena fe. No negocia, bloquea la negociación y judicializa el proceso», expuso Alejandro Gastón, miembro de la mesa negociadora. Los vigilantes de seguridad denuncian que las empresas quieren regresar a los salarios del año 2004, a pesar de que los ingresos «superaron los 3.500 millones de euros en el 2007».
Los promotores de las protestas reclaman dignidad laboral y recuperar «el poder adquisitivo perdido en los últimos veinte años, entre un 17% y un 19%». Añaden que su sueldo bruto escasamente rebasa los mil euros, por lo que dependen de unas horas extraordinarias cuyo precio, fijado ahora en poco más de 7 euros, está recurrido también en los juzgados, lo que bloquea millones de euros que deberían cobrar los trabajadores, según exponen los sindicatos.
Los empleados exigen que el plus de peligrosidad sea del mismo importe para todos, una reducción de la jornada, compensaciones por la «penosidad» de la profesión (nocturnidad, festividad y turnicidad), creación de nuevas categorías y mejorar el concepto salarial de la radioscopia. Además, reclaman que los pluses de transporte y vestuario se engloben como conceptos salariales y que los sueldos se acomoden al IPC real, más 60 euros por año de vigencia del convenio «para no perder poder adquisitivo».
Los sindicatos critican que la Administración pública, el principal cliente de la seguridad privada, no se preocupe, a su entender, de que se haga cumplir la legalidad.
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